Huachicol del obradorato: la conjura
Si México fuera un país de leyes, López Obrador y gran parte de sus funcionarios estarían en la cárcel.
Si México fuera un país de leyes, López Obrador y gran parte de sus funcionarios estarían en la cárcel.
El 1 de septiembre se acabó el México de la división de poderes. La presidenta pronunció un discurso que pudo haber sido redactado en Palenque.
Para Estados Unidos “El Mayo” es sólo la “punta del iceberg”. Y eso explica por qué no se le condenó a muerte. El líder más poderoso, antiguo y experimentado del Cártel de Sinaloa vale más vivo que muerto.
El martillo de la ministra presidenta de la Corte Norma Piña sonó por última vez. Seis ministros, víctimas de un golpe a la Constitución, de presiones, persecución y humillaciones nunca antes vistas, fueron obligados a dejar sus cargos.
López Obrador y Sheinbaum, cabezas de la reforma, buscan que colapse el sistema de partidos. La reforma está diseñada para exterminar a la oposición y que Morena, el partido cártel, se quede con el monopolio electoral.
Lo que está haciendo el grupo gobernante es acelerar la aprobación de una reforma electoral que los blinde contra la inminente pérdida de apoyo popular por la pudrición del movimiento y les evite la pérdida de poder.
Morena se hunde en su pudrición. Mientras que el PRI tardó 80 años en caer, al narco obradorato le bastaron siete años para contraer lepra y dejar girones de carne podrida por todas partes.
Una reforma de estas características redituaría múltiples beneficios al oficialismo y daría la estocada final a la democracia mexicana.
Por estar dotado, por su naturaleza, de un talento natural para la demagogia, también ha dicho que la Corte será itinerante; el pobre ignora que por mandamiento constitucional los poderes de la Unión deben residir en la Ciudad de México.
Aparece la “movilización antiyanqui” de la colonia Condesa cuando en los sectores más radicales de Morena crece el temor de que Washington presente pruebas contundentes sobre la complicidad que existía entre los cárteles y el gobierno de López Obrador.
La Presidenta premia al responsable de un crimen contra el pueblo de México. A quien junto con López Obrador ocultaron y minimizaron la gravedad de la pandemia de COVID-19 en 2020 por razones políticas.
La sanción del Departamento del Tesoro en contra de Intercam, CI Banco y Vector es un claro mensaje para la 4T: El sistema financiero mexicano lava dinero del crimen organizado con la tolerancia de las autoridades.
López Obrador tuvo dos sueños: destruir el sistema de justicia y acabar con el sistema de medios de comunicación en el país. Ya logró su primero objetivo. Falta el otro.
Cada vez que Trump hace una llamada telefónica a Palacio Nacional tiene sobre el escritorio de la Oficina Oval los expedientes de los políticos de Morena vinculados al crimen organizado.
Pues el “pueblo” y los 35 millones desaparecieron el 1 de junio de las urnas judiciales. El “pueblo” no votó y demostró con su ausencia que su voluntad fue traicionada.
La reforma judicial fue diseñada para dar al Presidente o Presidenta en turno poderes absolutos, para garantizarle a López Obrador y a su pandilla impunidad absoluta
La elección del 1 de junio se llevará a cabo en medio de la peor crisis de violencia que haya vivido la nación. El asesinato de Ximena Guzmán, secretaria de la Jefa de la Gobierno y de su asesor José Muñoz, es resultado del poder y la impunidad del obradorato al crimen organizado.
La corrupción del régimen exhibida desde Estados Unidos comienza a desestabilizar a Sheinbaum. Ha perdido poder y seguridad en sí misma. Ya se le agotó la trillada narrativa de la defensa de la soberanía.
Con esta actitud disruptiva, fuera de caja, rebelde a la tradición política, el expresidente abrió una nueva ventana: La necesidad de que todos los ex presidentes vivos de la oposición, sin excepción, salgan a defender la democracia.
La Ley de Telecomunicaciones de Claudia Sheinbaum es consecuencia del “exterminio del dato” que inició López Obrador.