AMLO y Claudia Sheinbaum, como Gabino Barreda, no entienden razones. Por más que los conocedores de la materia, los propios juzgadores y la opinión pública internacional, con argumentos sólidos, de derecho comparado y de política comercial, les han hecho saber que la reforma al Poder judicial terminará por destruir su independencia y la calidad del servicio que presta y que ello incidiría en la supresión del Estado de Derecho, sigue empecinado en presentar la iniciativa y en hacer que se apruebe.

Como pintan las cosas, todo indica que las autoridades electorales, contra el texto de la Ley y toda razón jurídica, le otorgarán la mayoría calificada que requiere para hacer y deshacer de la Constitución; que contará en el Congreso de la Unión con los votos suficientes para lograrlo y para aprobar cuántos nombramientos o iniciativas requieran mayoría calificada. Es un hecho que la intervención que se confiere a las legislaturas de los estados “será un mero trámite”, como dijo en su momento la candidata morenista a la presidencia de la república, refiriéndose a la elección celebrada el 2 de junio pasado.

La idea de destruir al Poder Judicial, tanto federal como local, vino de AMLO. Claudia Sheinbaum, como en todo, sin tener idea de lo que se trata y de que ella heredará el gravísimo problema, se limita a repetir lo que le dice su amo y señor; también es partidaria de hacer elegibles los cargos de ministros, magistrados y jueces y de que se apruebe la reforma judicial.

En ese contexto, como AMLO y pupila no entienden razones, no queda más que hacerlos entender a golpes. Ese será el único lenguaje que entenderán, de que lo hagan pronto y de buen modo.

Lo aconsejable, en el caso, es acordar un paro general del servicio de Justicia que comprenda todos los Tribunales: Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados, jueces de distrito, tribunales superiores de los estados, tribunales contenciosos administrativos, colegios de abogados, barras y organizaciones gremiales.

El paro tendría asegurado el éxito si los litigantes y sus clientes se solidarizan con él; mucha más lo tendrían si salen a las calles a protestar y aceptan ser parte de los paros, marchas y plantones que se hagan.

Como lo hacen los de la CNTE, los camioneros y otros, ¿por qué no pensar en tomar las carreteras, puntos neurálgicos de todas las ciudades y poblaciones de la República?

El actual presidente de la república, su sucesora, el gobierno federal y los de los estados, no aguantarían un paro nacional de una semana si se organiza y lleva a cabo en las condiciones señaladas. Todo es cosa de echarle ganas y de que nos levantemos. Los morenos no nos van a enseñar a agitar y a marchar.

Todos los que ya estamos entrados en años recordamos que, en 2005, la simple amenaza de paralizar el país fue suficiente para que AMLO no fuera encarcelado y sometido al juicio penal, al que tanto Martha Sahagún como Vicente Fox, en ese orden, deseaban. Con una oposición organizada y decidida no se juega.

En el paro nacional se contaría con el apoyo y solidaridad de la así llamada licenciada en derecho, “la ministra del pueblo” Lenia Batres Guadarrama. Ella, según datos obtenidos a través de una solicitud formulada en ejercicio del derecho a la transparencia, lo ha estado desde que entró a ocupar, más no ejerce, el cargo. Se informa que le habían sido turnados, hasta el 8 de febrero, 175 asuntos; de los cuales únicamente ha concluido 7, lo que significa únicamente un 4 por ciento. A eso, allá en mi tierra, se le llama “paro virtual”; ignoro como se le diga en la Ciudad de México.

Así andarán las cosas, que esa misma “ministra del pueblo” ha cuestionado la facultad que tienen los tribunales federales para revisar la constitucionalidad y regularidad de los procesos seguidos para iniciar, estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley o decreto que aprueba el Congreso de la Unión. Desconoce, por no saber derecho y no haber leído la Historia del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857), de don Francisco Zarco, que en México ese tema ya fue superado desde hace más de ciento sesenta años.

De aprobarse la reforma, al no existir tribunales conocedores e imparciales en México, a los inversionistas extranjeros no les quedará más que, al convenir sus inversiones, pacten de manera usual, que cualquier diferendo que llegare a surgir con particulares mexicanos o con los gobiernos federal y locales, se ventilen en tribunales extranjeros o mediante arbitraje internacional.

Gerardo Fernández Noroña tiene una oportunidad de oro para defender lo que considera suyo: el liderazgo del Senado. Él y la bancada del PT, pudieran ser los elementos que hagan triunfar o fracasar la reforma al Poder Judicial. Sería suficiente con que amenacen que no cuentan con los votos de su bancada para aprobar la iniciativa, para hacerla fracasar. En ese momento, lo nombrarían hasta secretario de gobernación en la actual administración pública federal y la venidera.

Ese mismo Fernández Noroña ¿de qué se cree estar hecho: de oro, marfil o litio? ¿Por qué razón considera que no debe ser engañado por AMLO? ¿De qué méritos goza para exigir que AMLO le cumpla su ofrecimiento? Anda mal de la cabeza. ¿Dónde se le fue a ocurrir exigir el cumplimiento de un ofrecimiento? ¿No conoce al actual presidente de la república? ¿Ya se le olvidó lo que dice Maquiavelo?: Nunca faltarán razones a un príncipe para no cumplir su palabra o sus ofrecimientos.

No hay ninguna duda de que los votos del Partido del Trabajo serían determinantes para sacar adelante lo que Morena pretende. La simple amenaza de que no cuenten con él y su bancada para aprobar un nombramiento, sería suficiente para doblar a los soberbios morenistas y a sus secuaces.

No lo va a hacer. Es un agachón, como todos los de su clase; hace honor a su apodo: es un chango león. Grita y amenaza. A la hora de la verdad se deja “convencer” con los huesos que le tiran y que no quieren los morenistas. En el PT no hay principios, sigue habiendo intereses. Votan a conveniencia y por quién da más.