Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participan estudiantes de las universidades Panamericana y Autónoma Metropolitana. Dan su visión respecto de un tema específico y actual: Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial.
Elisur Arteaga Nava
¿Qué poder judicial tenemos?
¿Qué poder judicial queremos?
Por Michelle Nava Ruiz, UAM
El 27 de junio de 2024 inició el primero de nueve foros de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial con el tema ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?, luego de que la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobara la solicitud de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
El mensaje fue contundente. La reforma ya no se podrá detener y lo único que queda es modularla. Más de tres horas, posturas disímiles…este primer foro fue útil para medir, recalcular y saber quién está del lado de qué y de quién. Así, ya sabemos de dónde viene el golpe. La manera para legitimarla es que, López Obrador envió la propuesta de reforma antes de concluir su sexenio, sin embargo, como se estará aprobando durante el periodo de Sheinbaum, es de “ella”. Por ende, si el ciudadano votó por Claudia, también votó por la reforma. Voilà. ¿Cuál falta de legitimidad?
Ahora bien, nuestro Poder Judicial tiene muchísimas fallas, sí, pero no por eso pasaremos a su eliminación con el despido masivo de funcionarios, ni recortando salarios, ni eligiéndolos por voto popular para tener un sistema de justicia utópico, pues nada podría salir mal si el ciudadano lo eligió, ¿o sí?
El tema es que, hoy no tendríamos que estar tratando de salvarle la cabeza a todo el Poder Judicial, sino ver qué está fallando en la ecuación para excluir de forma estratégica a aquellos que son la excepción y no la regla.
Por eso considero de suma importancia mostrarle a la población las dos caras de la moneda. El ministro Laynez expresó de una manera única el tema de lejanía. Cito para mayor referencia:
“Por favor, no tomen esto como un acto de soberbia o de arrogancia, es que fuimos educados o instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo de manera prudente, de manera discreta, en la soledad de su despacho y que sólo habla por sus sentencias”.
Entonces, valdría la pena preguntarnos a quién queremos confiarle nuestros asuntos: al compañero de clase sumamente popular o al que es muy estudioso.
Los foros representan la última oportunidad para evitar un descalabro, y lo que la práctica nos dice es que, salvo Bolivia, nadie en el mundo maneja un sistema de elección judicial por voto popular.
www.linkedin.com/in/michelle-nava-ruiz-35b985169
Reforma al poder judicial: Eliminación de salas en SCJN
Por Santiago de Hoyos, UP
Tras darse a conocer los resultados de las elecciones en Cámara de Diputados y Senadores, la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, así como a los Poderes Judiciales Locales, se ha hecho una realidad ineludible. Es por lo anterior, que utilizo este espacio para analizar uno de los vértices torales de dicha propuesta, la eliminación de Salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), para que esta funcione únicamente en Pleno. Sin embargo, no sin antes dar un preámbulo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se compone de 11 ministros, quienes son propuestos por el Presidente de la República y electos a través del voto indirecto por el Senado. Estos ministros se distribuyen en dos salas, cada una integrada por cinco ministros, según su especialización en diferentes materias. La Primera Sala se encarga de conocer asuntos civiles y penales, mientras que la Segunda Sala se ocupa de los asuntos de índole administrativa y laboral. Además de su funcionamiento en salas, la SCJN también opera en Pleno, donde se reúnen los 11 ministros bajo la dirección del o la ministra presidente y conocen de asuntos especiales, regularmente relacionados con la declaratoria de inconstitucionalidad de ciertas normas, amparos en revisión, etc.
Dicha propuesta, trae consigo 2 principales implicaciones negativas, mismas que se presentan a continuación:
Primero, incrementará la carga de trabajo de los ministros. Actualmente, las salas permiten dividir el trabajo por especialización, lo que facilita la resolución de casos de manera más eficiente. Con la eliminación de las salas, todos los ministros tendrían que participar en cada asunto, lo que llevará a un aumento significativo en el tiempo requerido para resolver los casos y generará más rezagos en la impartición de justicia. Segundo, se perderá la especialización que ofrecen las salas en materias civiles y penales, administrativas y laborales, respectivamente. Esta especialización permite un análisis más profundo y experto de los casos en estas áreas. La eliminación de las salas resultará, desde luego, en resoluciones carentes del estudio y comprensión de fondo en diversos asuntos.
La medida propuesta no es la idónea y la existencia de un problema de transparencia en la SCJN debe ponerse en tela de duda. Más importante que la medida de cambio, es el cambio de fondo que se pretende realizar, o bien, el problema que se pretende solucionar. De aprobarse la reforma, surgirán, desde luego, problemas en materia de eficiencia, sobrecarga de trabajo y pérdida de especialización, afectando negativamente la capacidad de la SCJN, pero más allá, a los principales benefactores de su buen funcionamiento, a nosotros los mexicanos.
X: @sdehoyosguzman
Impacto de la nueva reforma al Poder Judicial en México
Por Héctor David Alegría Piña, UAM
La nueva reforma al poder judicial impactará de gran manera al sistema de impartición de justicia. Fue creada con el objetivo de unificar al pueblo de México con el sistema de garantías judiciales, es decir, “la protección a los mecanismos procesales en conjunto, a la elección de magistrados, jueces y ministros, que contribuyan a la impartición de justicia, generando sentencias justas e igualitarias, sin interés alguno”. Una evaluación que el mismo poder legislativo desconoce.
El voto popular, ante la elección de juzgadores, será un arma de doble filo para el sistema judicial. Como primer argumento favorable, tenemos que ahora conoceremos a las personas que aplicarán para este cargo, incluso aquellas que llevarán a cabo la impartición de justicia. Sin embargo, no se menciona que este será un método que justificará la unión de poderes bajo un solo partido político. Cabe destacar que, si bien el partido político MORENA promovió factores positivos durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto se le está yendo de las manos.
“El pueblo es sabio”, frase reiterada por el presidente. El ejercicio de practicar movimientos y decisiones políticas se reflejan como las creencias, es decir, nadie es quien para juzgar. Sin embargo, someter indirectamente al pueblo mexicano practicando sus propias libertades a una democracia injusta será lastimar a quienes apoyaron, un acto de interés y egoísmo. A lo largo de la historia hemos criticado a partidos políticos que buscaron centralizar los poderes; someter al pueblo mexicano ante prácticas absolutistas, que nuevamente están de regreso.
La nueva reforma al poder judicial debe ser conocida primeramente por todas las mexicanas y mexicanos, para que sean conscientes de los qué cambios generará en el sistema judicial, qué beneficios y perjuicios traerá. Por otro lado, someter a evaluación cada punto, efectuando estabilidad al sistema judicial, con visión de beneficiar las garantías judiciales, incluyendo los derechos humanos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es de suma importancia involucrar candidatos que no se adhieran a un partido político, situación que preocupa a la sociedad civil, la cual busca no lastimar la democracia del país, a pesar de que los mismos legisladores del grupo parlamentario MORENA señalan que no será así. Fortalecer, no debilitar. Asimismo, introducir personas de alta moralidad que sean evaluadas por instituciones académicas y practiquen la buena fe. Establecer altos estándares de evaluación ante una carrera judicial efectiva, generar contrapesos que ayuden a equilibrar el Estado de derecho. De esta manera, practicar la autonomía de los Poderes del Estado, respetando cada una de sus funciones.